Negligencia: ¿costumbre o intención?

 

La justicia debe ser pronta y expedita, sobre todo cuando se trata de un daño colectivo que ha sido público y notorio.- Es preciso cuantificar daños a futuro como efecto de la inundación de aguas altamente contaminadas.

 

Por: Joaquín Gutiérrez Niño.

 

   Lo que presentía y pretendía evitar: aparte del molesto burocratismo, algo peor: la proximidad con entidades de la llamada “justicia”, que los ciudadanos probos rehúyen tanto como los sanos a los hospitales.

   Era algo que los padres de antes inculcaban a sus hijos: andar siempre derechitos para evitarse tratos con cárceles y hospitales. Claro, aquí no se trata de reclusorio alguno, pero…

   Da la casualidad que cuando un ciudadano honorable se ve lesionado de alguna manera y tiene que acudir simplemente a levantar un acta, automáticamente se vuelve una víctima del primero de los cánceres sociales: el burocratismo, que se expande y degenera en corrupción.

   De hecho, el burocratismo ya es corrupción porque implica dos robos: no sólo del tiempo de los ciudadanos productivos sino del que repercute en el rendimiento y eficacia del gobierno.

   Por eso, cuando se inició la protesta de afectados por la inundación del seis de septiembre en Acueducto de Guadalupe, yo hice hincapié en lo prioritario, que era lo colectivo: evitar una nueva afectación, que con el desfase de lluvias era una amenaza latente.

   Quizá porque el daño que resentimos en mi hogar fue sobre todo moral e invaluable, no di al principio mayor importancia a lo material. Era y es poco, en realidad (no pasa de 40 mil pesos, lo palpable), aunque paulatinamente aparecen vicios ocultos y en salud.

   Al punto que ahora temo por algo poco o nada contemplado: el impacto a futuro, que no lo es tanto (tan a futuro, pues) porque la merma en plusvalía de los inmuebles es inmediata.

   Pero más allá de lo económico está la seguridad de nuestros herederos o sucesores. Nadie nos garantiza que dentro de pocos años su patrimonio se desplome. En último caso, la vida útil del inmueble seguramente se acortará, como resultado del impacto sufrido esta vez.

   Quienes hemos vivido cerca del mar (mi pueblo está a 20 kilómetros), sabemos todo lo que corroe el simple salitre. A mí, como presidente de una sociedad de padres, me tocó alertar del seguro desplome de un aula, cuyas columnas estaban carcomidas.

   En el caso de las aguas negras que nos inundaron, que se componen de muchos ingredientes y se transforman en gases peligrosos, nadie conoce a ciencia cierta su composición química ni el impacto a futuro.

   En todo caso, si después de analizarlas, alguna instancia oficial las considera inofensivas, que lo certifique y quede como constancia en poder de cada residente, por lo que pueda ocurrir a la vuelta de una o dos generaciones… en una zona altamente sísmica.

   Probablemente existan casos de poco o nulo sentido de la responsabilidad para con los que nos sucederán, pero en las condiciones de quiebra del país será cada vez más relevante prevenir la preservación del patrimonio. Bueno, es lo que pienso.

   Total, temía el momento de acudir a “ratificar” mi declaración. Ya había visto el peregrinar de mis vecinos de enfrente, en quienes desde el primer momento del percance pensamos por sus condiciones peculiares.

   Se trata de un joven matrimonio con dos niños, contemporáneos y amiguitos de mis nietos (esto es: menores de cuatro años), quienes viven con la mamá de la señora, que padece limitaciones de movilidad.

   Pues los han traído a vuelta y vuelta. No sólo con las continuas (y molestas) visitas de peritos, sino con los desplazamientos forzosos, sin la menor consideración a necesidades y compromisos normales y mucho menos a la condición de minusvalía de la señora grande.

   En mi andador, viven otras dos señoras, ya mayores. Solas. (¿Se puede alguien imaginar por todo lo que pasaron cuando despertaron a medianoche en medio del agua pestilente? La simple impresión y malestares es para cobrárselos muy caro a los irresponsables que ocasionaron el problema).

   Hace poco oí a una de ellas decir a unos peritos que era la cuarta visita que recibía. Caray, si esas no son ganas de moler, ¿de qué se trata?

   Pero hay quienes advierten que un simple comentario como el de mi vecina anciana basta para que los peritos reporten negativa al acceso, con todo lo que de ello pueda derivar.

   Yo no concibo por qué tanta declaración y tanta investigación, cuando se trata de un hecho público y notorio. Si los señores que nos causaron el problema, piensan que se carga de más a las pérdidas, que demuestren que así es y procedan en consecuencia.

   Pero la autoridad está para defender a los agraviados, y los agraviados somos los vecinos. Así de simple.

   Ayer fui al encuentro de la verdad. En la recepción inicial, buen trato; pero la advertencia: se requieren escrituras para demostrar la propiedad. Adelanto que no me parece lo pertinente; no acudo a una operación de compra venta.

   Con todo, me pasan a declarar. Lo mismo: debo acreditar la propiedad. Sí, soy el dueño, ¿y si no lo fuera? De todos modos recibí el daño y yo tendría que devolver el inmueble como me lo entregaron, ¿o no?

   ¿Por qué le buscan chipotes a lo parejo? ¿Será “solamente” la costumbre de fastidiar o es la instrucción para el desistimiento? ¡Es la ley!, dirán los muy cumplidores. ¿Y por qué no la cambian para favorecer a los afectados?

   ¿No existen antecedentes suficientes de daños colectivos como para obviar todo lo posible? ¿Les cuesta mucho meterse en la cabeza que la tarea de un servidor público es servir a los contribuyentes? Con esto aludo a quienes pagamos impuestos, no a los que fomentan la corrupción.

   Y el concepto de servicio que se requiere tiene que ir mucho más allá que la pura amabilidad. Eso es lo primero, pero lo sustancial es la eficacia.

   Después que el “servidor” insistió en que le dictara mi declaración, incluyendo los motivos por los que no presento escrituras, volví a mi casa para escribir. Yo no sé dictar y lo que tendría que decir, no era poco precisamente.

   De manera que tuve que regresar. Justo lo que no quería. Pero, ni modos; aprovecharía para decir por escrito lo que necesitaba expresar. Como eso de los verdaderos peritajes y responsabilidades a futuro.

   Me anticiparon que cerraban a las seis de la tarde, por lo que traté de apurarme. Pero uno también tiene compromisos. Su vida normal, que no puede seguir siendo afectada, y que autoridades responsables tendrían que ayudar a normalizar.

   Por cierto, por ponerme a redactar dejé de ayudar a mi esposa en el cuidado de los nietos, en una hora en que se acumula el trabajo doméstico, y en un par de veces estuvo a punto de costarnos caro. Son las cosas que los dilectos funcionarios nunca ven.

   Luego de batallar para imprimir lo escrito, corro a entregar mi “declaración”. Pues no. Faltaban quince para las seis, pero ya habían cerrado. Se trataba de entregar un escrito, únicamente; pero… imposible.

   En la salida encontré a la responsable de la oficina, la licenciada Ruíz Chirino, una coterránea con porte correcto y cálido. Con toda amabilidad me remite al día siguiente. A las nueve, me dice.

   Hoy, aunque tuve que aplazar actividades previamente programadas, ahí estuve. Puntual. Pero lo previsible: no empezaron a laborar a la hora anunciada. Una vecina, madre de un ex compañero de mi hijo menor, repite la instrucción: atenderán a partir de las nueve y media.

   ¿Será la pura costumbre? ¿Algún día habrá un esmero especial por ser cumplidos?

   Ojalá porque este país no aguanta más. Medio mundo dice que el nuestro es un estado fallido. ¿Conocen los abogados las implicaciones y alcances de semejante catalogación? Después será demasiado tarde. Y su profesión, entre otras, pasará a ser un cero a la izquierda. Que lo piensen.

   Con deseos de dar por terminada cuanto antes la diligencia, ratifiqué lo escrito con anterioridad y anexé mi texto que, enseguida de los generales, transcribo textualmente:

 

 

A quien corresponda:

 

De acuerdo con una cita agendada y comunicada por mi representante vecinal, el día de hoy, a las doce horas, acudí a las instalaciones provisionales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en el parque “El Cantil”.

 

Según lo convencional, debería “ratificar” la declaración que, en el “Formato Único para el Inicio de Actas Especiales”, presenté con motivo de la afectación de la que fui objeto durante la inundación de aguas negras que sufrió mi colonia la noche del 6 de septiembre próximo pasado, a consecuencia del desbordamiento del canal que resintió las modificaciones estructurales de una obra tripartita (federal, del Estado de México y el Distrito Federal), cedida a una constructora particular.

 

De acuerdo con lo que se me había informado (y lo que, de suyo, es lógico), no requeriría llevar conmigo más que una identificación oficial, que -para coincidir con la copia anexada previamente al formato- sería la credencial para votar.

 

No obstante, tanto en recepción como con el servidor público que tomaría la declaración, se me requirió las escrituras del inmueble, en original y copia. Asimismo, como en el formato se hace alusión al vehículo en que me dirigía a mi domicilio, y el evidente daño que recibió, se me dijo que el propietario tendría que acudir a acreditarse como tal.

 

Por la naturaleza de mi profesión, he seguido con algún detalle el terrible vía crucis del que son víctimas mis vecinos. Por tratarse de gente cercana, me duele e indigna. Sobre todo el que personas mayores, viudas y minusválida, que desde el percance han padecido más, todavía ahora sean objeto de un aberrante burocratismo.

 

Ahora me ha tocado comprobar ese afán tan particular de las “procuradoras de justicia”, que lejos de erigirse como lo que deben ser (representantes de la sociedad), se regodean en vueltas ociosas, copias y pérdidas de tiempo y dinero para los afectados.

 

La justicia, señores, debe ser pronta y expedita. Sobre todo cuando se trata de un daño colectivo, que ha sido público y notorio. A todos nos consta lo que poseemos y lo que se ha dañado. Todos somos testigos de todo. Además, por casualidad, ¿no acudió algún agente de la PGJDF a ver lo que ocurría en nuestra colonia o no cuenta con instancias públicas para documentar un problema de la magnitud del que padecimos?

 

¿Por qué demostrar lo evidente? ¿Para qué unas escrituras si el daño lo recibe quien habita un inmueble, sea o no propietario? ¿Por qué molestar al dueño formal de un vehículo, cuando se trata del transporte familiar? ¿No ya es bastante el perjuicio tenido y los contratiempos adicionales para el jefe de la familia? ¿Se trata de fastidiar o “nada más” de las consabidas tácticas dilatorias?

 

Si existe un vacío para la atención a estos casos, cúbranlo. Hace mucho que se dan siniestros colectivos, ¿nadie ha enviado una iniciativa para agilizar la reparación de daños? ¿Es mucho pedir que las instancias pertinentes establezcan rangos de reparación mediante los cuales se ahorren gestiones en el trato general y sólo se atiendan de modo particular aquellos casos especiales?

 

Por lo que ahora toca, efectivamente haría falta la incómoda presencia de peritos en los domicilios particulares, pero exclusivamente con una finalidad colectiva: verificar, y cuantificar, en su caso, el impacto real y a futuro del daño, toda vez que la humedad, agravada por la composición del agua que se consumió en los inmuebles, seguramente repercutirá en departamentos de planta baja, cuyos muros sostienen el peso de los edificios de cinco niveles.

 

Ante la inminente “certeza” de que nada ocurrirá, es necesario que alguien se comprometa a garantizarlo, por escrito, para respaldo de nuestros herederos y sucesores.

 

Por lo pronto, de igual modo como ahora se escatima el costo de daños y hablan de depreciaciones naturales, sin tomar en cuenta que nadie puede reponer sus bienes con las cantidades originales de compra, por el elevado costo de la vida, del que es responsabilidad la ineptitud gubernamental, así pretenden ignorar el impacto en el valor patrimonial. Con lo ocurrido, los inmuebles -todos, no sólo los de planta baja- se devalúan porque su vida útil se recorta.

 

Todos estos, entre otros, serían los aspectos que tendrían que atender quienes reciben un pago para servir a los ciudadanos. No fastidiarlos y menos cuando ya han sido de sobra afectados.

 

Y una observación final, definitiva: el formato en el que se presenta la declaración se suscribe “bajo protesta de decir verdad” y se invoca la normatividad en contra. Si la o las entidades desconfían de la honorabilidad de las personas, que en mi caso me resulta altamente insultante, son aquellas quienes tienen que demostrar que lo dicho no es cierto y proceder en consecuencia. Pero que ellas lo demuestren.

 

De lo que debe tratarse, insisto, es de evitar mayores contratiempos a los afectados. Justifiquen el ser “representantes de la sociedad”. Por si no está claro: la sociedad somos nosotros, los vecinos, y somos los afectados.

 

 

Protesto lo necesario.

A cinco días del mes de noviembre de dos mil nueve.

 

   Luego de mi firma, una post data:

 

Anexo la forma oficial con datos generales de lo ocurrido y padecido, por si de esta manera bastare para procurar justicia. Caso contrario, podrán hacer lo que con la mayoría de quienes pretenden un estado de derecho: ignorarme. No puedo prestarme al cáncer nacional de la inequidad.

 

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